Juicio Coactivo en Ecuador 

El IESS, los Municipios, la ANT y otras entidades públicas pueden iniciar cobros coactivos que afectan sueldos, cuentas y bienes.

No todo juicio coactivo es legal ni definitivo. 

INTRODUCCIÓN.- En Ecuador, el juicio coactivo es el mecanismo que utilizan las entidades del Estado para cobrar deudas sin necesidad de iniciar un juicio ordinario. A través del proceso coactivo, instituciones como el IESS, los municipios, la ANT y otros organismos públicos pueden ordenar embargos, retenciones y otras medidas que afectan directamente el patrimonio de las personas.

El problema es que muchos ciudadanos enfrentan cobros coactivos sin comprender cómo funciona el procedimiento, cuáles son sus derechos ni si la deuda que se les exige es realmente válida. En la práctica, es frecuente encontrar errores en notificaciones, valores mal calculados o procesos iniciados sin cumplir las exigencias legales mínimas.

El procedimiento de ejecución coactiva otorga amplias facultades al Estado, pero no significa que el deudor esté indefenso. La ley de coactivas en Ecuador establece límites claros y mecanismos de control que permiten revisar la legalidad del cobro, oponerse cuando corresponde y, en determinados casos, detener embargos injustificados.

En esta guía te explicamos, de forma clara y ordenada, cómo funciona el juicio coactivo en Ecuador, quiénes pueden iniciarlo, cuáles son los problemas más comunes y en qué situaciones es posible revisar un juicio de coactiva antes de que las consecuencias sean mayores. Además, encontrarás accesos directos a los distintos escenarios específicos, como multas de tránsito, juicios de excepciones y embargos en procesos coactivos.

El juicio coactivo en Ecuador es un procedimiento administrativo especial mediante el cual una entidad pública cobra una obligación que considera líquida, exigible y de plazo vencido. A diferencia de los juicios civiles o mercantiles, en el proceso coactivo el propio Estado actúa como juez y parte, a través de un funcionario ejecutor designado por la institución acreedora.

Este mecanismo se activa cuando existe un título de crédito emitido por una entidad pública, como aportes al IESS, multas administrativas, obligaciones municipales u otras deudas con el Estado. Con base en ese documento, se inicia el procedimiento de ejecución coactiva, que puede avanzar rápidamente hacia medidas como la retención de cuentas, el embargo de sueldos o la prohibición de enajenar bienes.

Sin embargo, el hecho de que el Estado tenga esta facultad no implica que el cobro sea automático ni incuestionable. La ley de coactivas en Ecuador exige que el proceso cumpla determinadas formalidades y respete el derecho a la defensa. Cuando estas reglas no se observan, el juicio coactivo puede ser impugnado o revisado por las vías legales correspondientes.

Por esta razón, ante cualquier notificación o actuación dentro de un juicio coactivo, es fundamental entender cómo opera el procedimiento y evaluar si existen irregularidades que permitan ejercer una defensa efectiva.

En Ecuador, no cualquier entidad puede iniciar un juicio coactivo.
El cobro coactivo solo puede ser ejercido por instituciones públicas que la ley autoriza expresamente.

Dentro del proceso coactivo, estas entidades actúan como acreedoras y designan a un funcionario ejecutor para iniciar el procedimiento de ejecución coactiva.