Acción de Protección en Cáscales y Defensa del Mínimo Vital

En Cáscales, los procesos de cobro judicial, juicios ejecutivos, ejecución de obligaciones civiles, embargos de cuentas bancarias y retenciones de ingresos pueden afectar de forma directa a familias cuya subsistencia depende de actividades agrícolas, ganaderas, comerciales y laborales, propias de la dinámica económica del cantón.

En la práctica judicial local de Cáscales, estas medidas suelen ejecutarse sin un análisis suficiente de proporcionalidad, comprometiendo salarios, ingresos productivos, cuentas bancarias o recursos esenciales, vulnerando el derecho al mínimo vital, el derecho al trabajo y la dignidad humana, especialmente en contextos de ingresos variables o economía familiar.

Cuando estas actuaciones judiciales exceden el ámbito patrimonial del proceso y vulneran derechos constitucionales, la Acción de Protección en Cáscales se configura como un mecanismo jurídico excepcional y eficaz para suspender embargos desproporcionados, detener retenciones indebidas y restituir garantías fundamentales, particularmente:

• El derecho al mínimo vital, frente a la afectación de ingresos indispensables
  
  

• El derecho al trabajo, cuando la medida impide la continuidad de la actividad económica
  
  

• La dignidad humana y la subsistencia familiar, ante medidas de cobro excesivas
  
  

COBRAPOCO estructura la defensa constitucional en Cáscales conforme a la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional del Ecuador, aplicando precedentes vinculantes como la Sentencia No. 105-10-JP/21, utilizada en casos de embargos y retenciones que comprometen ingresos inembargables, desconocen el principio de proporcionalidad o afectan la estabilidad económica del núcleo familiar.

La Acción de Protección en Cáscales se activa únicamente cuando el proceso judicial ordinario ha dejado de ser un mecanismo legítimo de cobro y ha generado una afectación directa, actual y verificable a derechos fundamentales, siendo tramitada ante el juez constitucional competente del cantón Cáscales, con sustento técnico, argumentación jurídica sólida y prueba suficiente, ajustada a la realidad social y procesal de Sucumbíos.