Acción de Protección en Sígsig y Defensa del Mínimo Vital

En Sígsig, los procesos de cobro judicial, juicios ejecutivos, ejecución de pagarés, letras de cambio, sentencias civiles y obligaciones contractuales suelen derivar en embargos automáticos que afectan cuentas bancarias, salarios, pensiones, ingresos profesionales, remesas e ingresos familiares, tanto en el casco urbano como en parroquias rurales del cantón.

En la práctica judicial local de Sígsig, estas medidas se ejecutan con frecuencia sin un análisis de proporcionalidad, produciendo una afectación directa al derecho al mínimo vital, al derecho al trabajo y a la subsistencia del núcleo familiar, especialmente cuando se retienen ingresos legalmente inembargables o se paraliza la actividad económica del demandado.

Cuando estas actuaciones exceden el ámbito estrictamente patrimonial del proceso y vulneran derechos constitucionales, la Acción de Protección en Sígsig se configura como una herramienta jurídica idónea y eficaz para frenar embargos desproporcionados, suspender retenciones ilegales y restituir garantías fundamentales, en particular:

• El derecho al mínimo vital, cuando se comprometen ingresos indispensables para la subsistencia
  
  

• El derecho al trabajo, frente a retenciones salariales o profesionales que impiden la continuidad laboral
  
  

• La dignidad humana y la subsistencia familiar, ante medidas de cobro excesivas o automáticas
  
  

COBRAPOCO estructura la defensa constitucional en Sígsig conforme a la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional del Ecuador, aplicando precedentes vinculantes como la Sentencia No. 105-10-JP/21, utilizada en casos de embargos y retenciones que comprometen ingresos inembargables, desconocen la proporcionalidad o desnaturalizan la finalidad del proceso ejecutivo.

La Acción de Protección en Sígsig se activa únicamente cuando el proceso judicial ordinario ha dejado de ser un mecanismo legítimo de cobro y ha generado una afectación directa, actual y verificable a derechos fundamentales, siendo tramitada ante el juez constitucional competente en el cantón Sígsig, con sustento técnico, prueba suficiente y argumentación jurídica sólida, adaptada a la realidad procesal local del Azuay.