Acción de Protección en Shushufindi y Defensa del Mínimo Vital

En Shushufindi, los procesos de cobro judicial, ejecución de obligaciones civiles, juicios ejecutivos, embargos de cuentas bancarias y retenciones de ingresos suelen impactar de forma directa en la economía familiar, especialmente cuando afectan salarios, ingresos provenientes de actividades petroleras, comercio local, trabajo independiente o cuentas destinadas a la subsistencia básica.

En la práctica judicial del cantón Shushufindi, estas medidas pueden ejecutarse de forma automática, sin una evaluación suficiente sobre la proporcionalidad del embargo, generando afectaciones graves al derecho al mínimo vital, al derecho al trabajo y a la dignidad humana, en contextos donde el ingreso económico es inestable o depende de actividades productivas específicas de la zona.

Cuando estas actuaciones judiciales exceden el ámbito patrimonial del proceso y vulneran derechos constitucionales, la Acción de Protección en Shushufindi se configura como un mecanismo jurídico idóneo y excepcional para suspender embargos desproporcionados, detener retenciones ilegales y restituir garantías fundamentales, en particular:

• El derecho al mínimo vital, frente a la afectación de ingresos indispensables
  
  

• El derecho al trabajo, cuando la retención impide la continuidad de la actividad económica
  
  

• La dignidad humana y la subsistencia familiar, ante medidas de cobro excesivas
  
  

COBRAPOCO estructura la defensa constitucional en Shushufindi conforme a la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional del Ecuador, aplicando precedentes vinculantes como la Sentencia No. 105-10-JP/21, utilizada en casos de embargos y retenciones que comprometen ingresos inembargables, desconocen el principio de proporcionalidad o afectan la subsistencia del núcleo familiar.

La Acción de Protección en Shushufindi se activa únicamente cuando el proceso judicial ordinario ha dejado de ser un mecanismo legítimo de cobro y ha generado una afectación directa, actual y verificable a derechos fundamentales, siendo tramitada ante el juez constitucional competente del cantón Shushufindi, con sustento técnico, argumentación jurídica sólida y prueba suficiente, ajustada a la realidad social y procesal de Sucumbíos.