El ejercicio profesional del Derecho en el cantón Tena, capital de la provincia de Napo, exige un conocimiento profundo del territorio, de su dinámica judicial y de la realidad económica amazónica. Por ello, la práctica legal local está liderada por el Abg. Edison Miguel Avilés Chicaíza, abogado de la ciudad de Tena y referente jurídico para ciudadanos y familias napoenses que enfrentan procesos civiles y ejecutivos.
Tena concentra la actividad administrativa y judicial de la provincia, recibiendo causas no solo del casco urbano, sino también de parroquias como Puerto Napo, Muyuna, Ahuano, Chonta Punta y Misahuallí. En este contexto, una citación emitida desde la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Tena puede impactar directamente en economías familiares vinculadas al comercio local, al turismo comunitario o a actividades independientes propias de la Amazonía.
El Abg. Edison Miguel Avilés Chicaíza ejerce su práctica con conocimiento directo del entorno judicial de la ciudad, del funcionamiento cotidiano de los juzgados y de las particularidades territoriales que influyen en cada proceso. Litigar en Tena no es replicar esquemas de Quito o Guayaquil: aquí pesan factores como la distancia, la ruralidad, la informalidad económica y la concentración institucional en el centro urbano, cercano al Parque Central y al Malecón del río Tena.
Esta comprensión local resulta determinante cuando están en juego bienes, ingresos o la estabilidad de familias que residen tanto en el área urbana como en las parroquias rurales de la provincia de Napo.
📍 Ámbito territorial: Cantón Tena y parroquias rurales, con incidencia jurídica en toda la provincia de Napo.
Atención supervisada por el Directorio Nacional de Defensa del Deudor y Cobranzas Judiciales.
Defensa legal en situaciones de incumplimiento de obligaciones económicas, relaciones crediticias y conflictos derivados de deudas civiles, bancarias o comerciales.
Actuación técnica dentro de procesos judiciales civiles, incluyendo medidas cautelares, incidentes procesales y defensa en etapas previas y posteriores a la demanda.
Asesoría y representación en conflictos derivados de contratos, títulos de crédito, responsabilidad civil e incumplimientos que dan origen a reclamaciones judiciales.
En su ejercicio profesional en la ciudad de Tena, el abogado ha desarrollado especialización técnica en las siguientes áreas del Derecho de cobranzas y defensa del deudor:
Qué soluciones presta la firma a través de este abogado:
✅ Defensa ante procesos coactivos
✅ Contestación de demandas civiles y mercantiles
✅ Oposición, excepciones y reconvenciones
✅ Prescripción de obligaciones
✅ Negociación judicial y extrajudicial de deudas
✅ Acuerdos de pago y refinanciamientos
✅ Levantamiento de prohibiciones de enajenar
✅Estrategias legales preventivas
✅ Juicios ejecutivos y ordinarios de cobro
✅ Ejecución de títulos de crédito
✅ Medidas cautelares y embargos
✅ Recuperación de cartera vencida
En la provincia de Napo, los procesos civiles y ejecutivos se concentran principalmente en la Unidad Judicial Multicompetente con sede en Tena, ubicada en el sector administrativo cercano al Parque Central, así como en la Corte Provincial de Justicia de Napo, situada en el eje institucional de la ciudad. Es en estos espacios donde se define el destino económico de familias, comerciantes del Mercado Central, operadores turísticos de la Ruta del Agua y trabajadores amazónicos.
La realidad local evidencia que una parte significativa de la población depende de ingresos variables provenientes del comercio desarrollado a lo largo de la Troncal Amazónica, del turismo comunitario en sectores como Puerto Misahuallí y Ahuano, o de actividades independientes vinculadas a hostales, restaurantes y emprendimientos agrícolas. Esta dinámica hace especialmente sensible cualquier medida judicial que afecte cuentas bancarias, remesas o remuneraciones depositadas en cooperativas de ahorro y crédito locales como Mushuc Runa o Alianza del Valle.
En este escenario, el derecho al mínimo vital adquiere una relevancia concreta y urgente en Tena y en lugares como CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA, ARCHIDONA, CHACO Y BAEZA. donde una retención indiscriminada puede comprometer la subsistencia familiar.
Cuando una medida cautelar dictada desde los juzgados de Tena o un embargo preventivo amenaza la estabilidad económica de un hogar, el análisis deja de ser exclusivamente civil y se sitúa en el plano constitucional. La jurisprudencia de la Corte Constitucional, particularmente la Sentencia No. 105-10-JP/21, ha fijado límites claros frente a actuaciones que vulneran la vida digna y la tutela judicial efectiva.
En una provincia donde gran parte de la población no percibe ingresos fijos —como guías turísticos, transportistas del Terminal Terrestre de Tena, vendedores ambulantes o pequeños productores de cacao y café— estos principios adquieren una aplicación directa frente a demandas de instituciones financieras, cobros coactivos del SRI – Oficina Tena, o acciones judiciales del GAD Municipal de Tena por obligaciones tributarias.
Ya sea que la afectación se origine en el casco urbano —en sectores cercanos al Malecón del río Tena o al área del estadio— o en parroquias rurales como Archidona, Arosemena Tola o Tálag, el marco constitucional actúa como un contrapeso frente a excesos que no distinguen entre grandes deudores corporativos y economías familiares amazónicas.
Cuando un juicio ejecutivo tramitado en la Unidad Judicial de Tena, una retención bancaria ordenada en sede coactiva o un proceso de insolvencia compromete la estabilidad de una familia de Napo, la defensa técnica debe alinearse tanto con la realidad territorial —marcada por la economía turística, comercial y agrícola— como con los estándares constitucionales vigentes en el Ecuador.
La cercanía con el Registro de la Propiedad de Napo, las notarías del cantón Tena y las oficinas del Consejo de la Judicatura permite una gestión jurídica eficiente de medidas de protección patrimonial, levantamiento de prohibiciones de enajenar y solicitudes de exclusión del mínimo vital, evitando traslados innecesarios a ciudades como Quito o Ambato para la defensa de derechos fundamentales.