Término para contestar una demanda en Ecuador

El Derecho a la Defensa como pilar innegociable

La Constitución de la República, en su artículo 76 numeral 7, garantiza que nadie puede ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o grado del procedimiento. Este principio de defensa es el eje sobre el cual un abogado especializado debe auditar el expediente antes de dar el plazo por perdido.

Si usted cree que necesita contestar una demanda fuera de plazo, la primera estrategia no es simplemente entregar el documento, sino analizar si el término para contestar la demanda realmente empezó a correr.

El término para contestar la demanda solo comienza a correr desde el día siguiente a una citación válida, practicada conforme a las solemnidades del COGEP.

• Cómputo erróneo: Muchas veces la citación se realiza de forma defectuosa (por ejemplo, en un domicilio que no corresponde o mediante boletas mal entregadas). Si la citación es nula, el plazo jamás inició.

• Pluralidad de demandados: Según el artículo 291 del COGEP, cuando existen varios demandados, el término de 30 días para el procedimiento ordinario (o el que corresponda según el caso) se contará desde que se practicó la última citación. Esta es una de las defensas más efectivas cuando un codeudor cree que se le venció el tiempo, pero otro aún no ha sido legalmente citado.

No todos los juicios tienen el mismo rigor temporal. Una defensa técnica debe distinguir:

• Juicio Ordinario: El demandado cuenta con 30 días para presentar su contestación.

• Procedimiento Sumario: Generalmente el término es de 15 días, con excepciones de 10 días en materias de niñez o despidos ineficaces.

• Sector Público: Las instituciones del Estado cuentan con el término de 30 días del artículo 291, incluso en procesos sumarios, salvo excepciones específicas como el despido ineficaz.

Es imperativo actuar con rapidez. La Corte Nacional de Justicia, en sus criterios de absolución de consultas, ha determinado que si una contestación es calificada como extemporánea, los medios probatorios anunciados carecen de validez.

• El artículo 76.4 de la Constitución señala que las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la ley no tendrán eficacia alguna.

• Si se contesta fuera del término legal, el juzgador no podrá tomar en cuenta la prueba presentada, lo que dejaría al deudor en una situación de alta vulnerabilidad durante la audiencia.

• La única excepción permitida es la prueba nueva, siempre que se acredite que no fue de conocimiento previo o no se pudo disponer de ella oportunamente.