Acción de Protección en Santa Cecilia y Defensa del Mínimo Vital

En Santa Cecilia, los procesos de cobro judicial, juicios ejecutivos, ejecución de obligaciones civiles, embargos de cuentas bancarias y retenciones de ingresos pueden afectar de manera directa a familias cuya subsistencia depende de actividades productivas locales, trabajo independiente o ingresos laborales, comprometiendo recursos económicos indispensables para la vida digna.

En la práctica judicial aplicable a Santa Cecilia, estas medidas pueden ejecutarse sin una valoración suficiente de proporcionalidad, impactando salarios, ingresos productivos, cuentas bancarias o recursos esenciales, vulnerando el derecho constitucional al mínimo vital, el derecho al trabajo y la dignidad humana, especialmente en contextos de economía familiar vulnerable propios de la Amazonía.

Cuando las actuaciones judiciales exceden el ámbito patrimonial del proceso y vulneran derechos constitucionales, la Acción de Protección en Santa Cecilia se configura como un mecanismo jurídico excepcional y eficaz para suspender embargos desproporcionados, detener retenciones indebidas y restituir garantías fundamentales, particularmente:

• El derecho al mínimo vital, frente a la afectación de ingresos indispensables
  
  

• El derecho al trabajo, cuando la retención impide la continuidad de la actividad económica
  
  

• La dignidad humana y la subsistencia familiar, ante medidas de cobro excesivas
  
  

COBRAPOCO estructura la defensa constitucional en Santa Cecilia conforme a la jurisprudencia obligatoria de la Corte Constitucional del Ecuador, aplicando precedentes vinculantes como la Sentencia No. 105-10-JP/21, utilizada en casos de embargos y retenciones que comprometen ingresos inembargables, desconocen el principio de proporcionalidad o afectan la estabilidad económica del núcleo familiar.

La Acción de Protección en Santa Cecilia se activa únicamente cuando el proceso judicial ordinario ha dejado de ser un mecanismo legítimo de cobro y ha generado una afectación directa, actual y verificable a derechos fundamentales, siendo tramitada ante el juez constitucional competente, con sustento técnico, argumentación jurídica sólida y prueba suficiente, ajustada a la realidad social y procesal de Sucumbíos.